Washington (Estados Unidos) — La Copa Mundial de 2026 fue presentada por la FIFA como una celebración global de la diversidad, de la convivencia entre pueblos y de la capacidad del fútbol para superar fronteras políticas, culturales y religiosas. Sin embargo, antes de que el torneo completara sus primeros días de competencia, una serie de denuncias por discriminación, restricciones migratorias y trato diferenciado a visitantes extranjeros dejó al descubierto una contradicción difícil de ignorar: mientras el Mundial se promociona como símbolo de integración internacional, miles de personas han debido enfrentar barreras impuestas precisamente por el país que alberga la mayor parte de los partidos.
Las denuncias involucran a delegaciones, árbitros, periodistas y aficionados, pero comparten un mismo patrón. La mayoría de los casos afecta a ciudadanos procedentes de África, Oriente Medio y otras regiones del llamado Sur Global, territorios que con frecuencia son asociados, dentro del discurso político estadounidense, a amenazas migratorias o riesgos para la seguridad nacional. Para organizaciones defensoras de derechos civiles, lo que está ocurriendo no puede interpretarse como una sucesión de incidentes aislados. Por el contrario, refleja la continuidad de una política migratoria que sigue operando incluso en un evento que, en teoría, debería garantizar igualdad de condiciones para todos sus participantes.
La controversia ganó mayor repercusión después de declaraciones del presidente Donald Trump. Al referirse al Mundial, el mandatario aseguró que Estados Unidos trabaja para garantizar la entrada de las “personas correctas” al país. Aunque la frase parecía dirigida al control migratorio, críticos y organizaciones sociales la interpretaron como una señal de que los criterios políticos e ideológicos que han caracterizado la política migratoria de su gobierno continúan determinando quién puede cruzar las fronteras estadounidenses y bajo qué condiciones.
El caso que provocó mayor indignación internacional fue el del árbitro somalí Omar Artan. Reconocido por la Confederación Africana de Fútbol como el mejor árbitro masculino del continente en 2025 y designado oficialmente por la FIFA para participar en el Mundial, Artan vio negado su ingreso a Estados Unidos pese a contar con documentación válida y acreditación oficial para el torneo. El Departamento de Estado justificó la decisión alegando presuntas sospechas de vínculos con organizaciones terroristas, aunque no presentó públicamente ninguna acusación formal.
La situación trascendió rápidamente el ámbito deportivo. En Somalia, el árbitro fue recibido como símbolo de dignidad nacional y de resistencia frente a lo que muchos consideraron una expresión de prejuicio institucional. La repercusión fue inmediata porque la exclusión no afectó a un visitante cualquiera ni a un aficionado anónimo. Se trataba de un profesional seleccionado por la propia FIFA para formar parte de la organización del campeonato. La pregunta comenzó entonces a circular dentro y fuera del mundo del deporte: si ni siquiera un árbitro oficial puede cruzar la frontera sin convertirse en sospechoso, ¿qué garantías existen para los demás participantes?
Las denuncias no terminaron allí. Integrantes de las selecciones de Senegal y Uzbekistán reportaron procedimientos considerados excesivos durante su llegada a territorio estadounidense. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a futbolistas sometidos a inspecciones con detectores de metales y perros entrenados apenas descendieron de sus vuelos. Aunque las autoridades defendieron estas medidas como parte de los protocolos de seguridad, las críticas apuntan a que la reiteración de estos episodios sobre delegaciones africanas y asiáticas revela un patrón difícil de explicar únicamente por razones operativas.
Otro caso que generó repercusión fue el del delantero iraquí Aymen Hussein, principal figura de su selección y uno de los responsables de la clasificación de Irak al Mundial. El jugador permaneció cerca de siete horas bajo interrogatorio en un aeropuerto estadounidense antes de recibir autorización para ingresar al país. No se presentó ninguna acusación en su contra. Sin embargo, el episodio reforzó la percepción de que determinadas nacionalidades enfrentan obstáculos que van mucho más allá de los controles migratorios habituales.
La Federación de Fútbol de Irán también denunció medidas que considera discriminatorias. Dirigentes iraníes protestaron por la eliminación de la cuota de entradas destinada a sus aficionados, argumentando que la decisión contradice las normas establecidas por la FIFA para la distribución de boletos entre las selecciones participantes. En un contexto marcado por décadas de tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán, la medida fue interpretada por observadores internacionales como otro ejemplo de cómo los conflictos geopolíticos terminan afectando directamente la experiencia de deportistas y aficionados.
Ni siquiera los periodistas quedaron al margen de los relatos de hostigamiento. La periodista brasileña Karine Alves afirmó haber sido sometida a un procedimiento que consideró discriminatorio al ingresar a Estados Unidos para cubrir el torneo. Su testimonio reavivó el debate sobre los límites entre los controles de seguridad legítimos y las prácticas basadas en estereotipos relacionados con el origen, la apariencia o la nacionalidad de los visitantes.
Mientras las denuncias continúan acumulándose, la postura de la FIFA también ha comenzado a ser objeto de cuestionamientos. La organización ha construido gran parte de su discurso institucional alrededor de valores como la inclusión, la lucha contra el racismo y la convivencia entre los pueblos. Sin embargo, frente a los episodios registrados en los primeros días del Mundial, la entidad ha evitado confrontar directamente las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses. Ese silencio adquiere una dimensión aún más significativa cuando una de las personas afectadas por las restricciones es precisamente un árbitro designado por la propia FIFA.
La controversia pone de manifiesto una tensión que trasciende al fútbol. La Copa del Mundo moviliza miles de millones de dólares, involucra a gobiernos y atrae a millones de personas provenientes de todos los continentes. Al albergar un evento de esta magnitud, los países anfitriones asumen no solo responsabilidades logísticas, sino también compromisos relacionados con el trato que reciben quienes participan en él. Cuando delegaciones son tratadas como sospechosas, cuando aficionados enfrentan restricciones selectivas o cuando profesionales acreditados son impedidos de desempeñar sus funciones, el problema deja de ser exclusivamente deportivo para convertirse en una cuestión de derechos civiles, relaciones internacionales y respeto a los principios universales que sustentan la competencia.
Durante décadas, el fútbol fue presentado como un lenguaje capaz de unir pueblos separados por fronteras, religiones y conflictos políticos. Sin embargo, los acontecimientos registrados en Estados Unidos muestran que, para millones de personas procedentes de África, Oriente Medio y otras regiones históricamente marginadas del sistema internacional, la frontera sigue siendo un obstáculo tan presente como cualquier rival dentro del campo de juego. El Mundial ya comenzó. Pero para muchos de sus participantes, el partido más difícil no se disputó en el césped. Se libró frente a agentes migratorios de un país que se presenta como anfitrión del mundo mientras decide, de forma unilateral, quién considera digno de atravesar sus fronteras.
